“El medio más poderoso para levantar el nivel intelectual de una nación, diseminando la ilustración en todas las clases sociales, es fomentar el hábito de la lectura hasta convertirlo en un rasgo distintivo del carácter o de las costumbres nacionales (…) es imposible obtener este resultado sin la difusión del libro, haciéndolo accesible a todas las personas” (Domingo F. Sarmiento, 1870).
A partir de 1860, comenzó el proceso de organización político-institucional de nuestro país, contexto en el que se definieron los rasgos básicos de la Argentina moderna. Los hombres que lo llevaron adelante, fuertemente imbuidos por el pensamiento europeo de la época, adhirieron a la idea de progreso y a las doctrinas positivistas muy difundidas en el mundo occidental. Entonces, la educación considerada como medio de unidad nacional fue uno de los pilares para lograr la transformación y civilización del país. Para su materialización, se necesitaba la puesta en marcha de un sistema de educación popular amplia y permanente, que contemplara la creación de escuelas públicas, acompañadas de un programa de bibliotecas populares que difundieran el libro y la lectura. Enmarcadas en este proyecto educativo se promulgaron en 1870 la Ley Nº 419 de Bibliotecas Populares y, en 1884, la Ley de Educación Nº 1.420, que estableció la enseñanza obligatoria, gratuita y laica.
Creación de las Bibliotecas Populares
“La biblioteca complementa a la escuela y la vivifica sirviendo como un auxiliar para el maestro y como un incentivo de curiosidad para el niño. Porque es la biblioteca de distrito la que pone en manos del habitante en las poblaciones lejanas, libros atrayentes y útiles generalizando los conocimientos donde quiera que haya un hombre capaz de recibirlos” (Sarmiento, 1870).
Una de las primeras acciones que encaró Domingo F. Sarmiento siendo Presidente de la República -junto a Nicolás Avellaneda, su Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública- fue enviar al Congreso de la Nación el proyecto de ley de creación de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, siguiendo el modelo de las sociedades de lectura creadas con suscripciones en Estados Unidos (Ríos, 1995, p. 13).
El 23 de septiembre de 1870 se promulgó la Ley Nº 419, destinada a articular el interés vecinal y la protección del Estado, promoviendo la creación de estas asociaciones particulares en ciudades y localidades de todo el territorio de la República.
Se convocaba a los jueces de paz, a las corporaciones municipales, a los párrocos, a los preceptores de las escuelas y a las entidades, invitándolos a organizar bibliotecas, a cooperar en su desarrollo y realizar reuniones para leer capítulos de libros selectos en voz alta (cosa frecuente por la abundancia de analfabetos).
Diversos inconvenientes surgieron en la aplicación de la Ley de 1870, que “requería de costumbres que no existían, de necesidades que no se sintieron y de aptitudes especiales, que los funcionarios a quienes se confió su aplicación no pudieron improvisar”.
En 1876, se suprimió la Comisión Protectora, asumiendo estas funciones y facultades la Comisión Nacional de Escuelas.
Recién en 1908, en vísperas de la conmemoración del Centenario de la Revolución de Mayo, por decisión del Presidente José Figueroa Alcorta se restableció la Ley Nº 419 con todo su vigor.
Ese mismo año se realizó el Primer Congreso de Bibliotecas Argentinas, entre cuyas recomendaciones centrales se encuentran las referidas a la extensión cultural, el fomento de la lectura y de los autores argentinos y la relación con las escuelas.
Uno de los efectos inmediatos de la puesta en marcha de la Comisión Protectora en 1908 fue la proliferación de bibliotecas en barrios y comunidades de pocos habitantes. Generalmente surgieron por iniciativa de un grupo de vecinos, y también adosadas a otro tipo de instituciones – clubes o sociedades de fomento- que creían útil y necesario tener una biblioteca abierta al público.
En 1986, la Ley Nº 419 fue reemplazada por la Ley Nº 23.351, que estableció los objetivos y el funcionamiento de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, y creó el Fondo Especial para Bibliotecas Populares. Actualmente, existen mas de 3.000 bibliotecas populares en todo el territorio de la República Argentina registradas en la red, lo que significa un fenómeno a nivel mundial. Presentan características muy heterogéneas en sus dimensiones edilicias, personal bibliotecario capacitado o profesional, desarrollo y complejidad de sus servicios y disponibilidad de tecnología de la información. Oscilan desde las muy pequeñas y limitadas a un ambiente o dos, a veces precarios y con menos de 5.000 libros, ubicadas en zonas desfavorecidas o de incipiente desarrollo poblacional, barriales o semirurales, hasta las grandes y complejas bibliotecas urbanas, transformadas en verdaderos centros multiculturales -varias de ellas con más de una planta edilicia- que superan los 50.000 volúmenes y, en algunos casos, con más de 100.000 obras, siendo hasta modelos en el país y en la región.
Las Bibliotecas Populares: entidades de la Economía Social
“Las Bibliotecas Populares son Asociaciones Civiles autónomas, creadas por la vocación solidaria de grupos de vecinos de localidades o barrios –dirigidas y sostenidas básicamente por sus socios– con el fin de brindar información, educación, recreación y animación socio-cultural mediante colecciones bibliográficas y multimediales de carácter general y abiertas a todo público” (www.conabip.gov.ar).
El adjetivo popular yuxtapuesto a biblioteca no alude a la idea estamental de lo “vulgar”, sino al concepto democrático de ciudadanía. Lo popular tiene sentido social abarcador, inclusivo y plural respecto a edad, sexo, nacionalidad, condición social, creencias religiosas e ideas políticas. Los fondos de las Bibliotecas Populares son universales, pluralistas y están al alcance de todos. Las Bibliotecas Populares son instituciones educativo-culturales constituidas como emprendimientos privados que cumplen con fines públicos.
Son administradas y conducidas por comisiones directivas (elegidas en asambleas de socios) que trabajan en forma “ad honorem”, las administran y velan por su crecimiento y continuidad en el tiempo. Los principios que las rigen son: Adhesión voluntaria y abierta. Gestión democrática. Participación económica de los asociados (cuota).
Autonomía e independencia de otras instituciones públicas o privadas. Educación, capacitación e información a los asociados para contribuir al desarrollo de la entidad. Cooperación entre las Bibliotecas Populares a través de estructuras locales, provinciales y nacionales. Preocupación por la comunidad. Trabajo a favor del desarrollo sostenible. Su sostenimiento se consigue básicamente mediante el cobro de cuotas societarias, a diferencia de las bibliotecas públicas que son mantenidas por el Estado (nacional, provincial o municipal) a cuya jurisdicción pertenecen. Por ello, es importante destacar que estas instituciones de la Economía Social sobreviven porque muchas de las personas que trabajan en ellas lo hacen en calidad de voluntarios, es decir que dedican parte de su tiempo para colaborar con la entidad, sin recibir por ello remuneración, salario, ni contraprestación económica alguna. Las Bibliotecas Populares desempeñan un importante rol social que trasciende el aspecto meramente bibliotecario, pues en tanto creadas por grupos de vecinos, generalmente se caracterizan por su servicio a la comunidad, su compromiso con las problemáticas locales y el trabajo a favor del desarrollo sostenible del barrio o la localidad. Al ser entidades pluralistas favorecen la construcción de ciudadanía, y en tanto testigos de la historia local estimulan la revalorización de la memoria y la identidad.
Mendoza y sus bibliotecas populares
Mendoza, no fue ajena al fenómeno de las bibliotecas populares, y si bien hace a nivel gubernamental hablar del tema, ya que no se entendía, la realidad marcaba que las bibliotecas populares en Mendoza también marcaban este cambio educativo, social y cultural que la población iba sufriendo a lo largo de las décadas. Así pues, recién a partir del Gobierno del José Octavio Bordón, como gobernador de nuestra Provincia, se comenzó a tomar interés por el tema especifico de bibliotecas populares, como organizaciones comunitarias.
Con una gestión en conjunto entre comunidad y gobierno comienzan a gestarse mas espacios con las características de lo que hoy conocemos como bibliotecas populares. Si bien ya existían anteriores al gobierno de Bordón, bibliotecas que en la actualidad han cumplido mas de 100 años, a partir de esa época comienzan a surgir con mayor fluidez y la población comienza a gestar por su propia cuenta con mayor facilidad estas organizaciones.
En el año 1910 nace la biblioteca popular Juan B. Alberdi, actualmente funcionando en el departamento de Lujan de Cuyo, y así le siguieron otras que han visto pasar la historia de nuestra provincia, en 1914 nace la Biblioteca Popular Pbro Pedro Arce, en el departamento de Godoy Cruz y en 1915 la Biblioteca Popular Julio A. Roca en Palmira, San Martin.
En nuestra provincia es importante nombras hombres como Franklin Vélez y Leopoldo Ríos, uno desde lo gubernamental y otro desde lo federativo.
En Mendoza, durante la década del 80 y consolidada en los 90 se gesto la Federación Mendocina de Bibliotecas Populares, en esos tiempos de la mano de Leopoldo Ríos y con la colaboración de Franklin Vélez y secundados por un grupo de personas dirigentes de bibliotecas populares se comenzó a gestar el proyecto de la Ley Provincial de Bibliotecas Populares.
Así entonces se aprobó por unanimidad en el año 2002 la Ley n º 6971, Ley Provincial de Bibliotecas Populares, la que genero un Fondo Especial de Asistencia Cultural y dio origen a la Comisión Provincial Protectora de Bibliotecas Populares (CoProBiP). El espíritu de esta ley es el apoyo del Estado en todos sus niveles y jurisdicciones, lo que se viene cumpliendo positivamente ante los desafíos de recrear estrategias de integración en los planos educativos, tecnológicos y culturales.
Hoy en la Provincia luego de distintos vaivenes sociales, contamos con alrededor de 78 bibliotecas populares, las cuales en mayor o menor medidas han sido beneficiadas por este Fondo Especial, y cuentan con el apoyo permanente de CoProBiP.
Del año 2003, en que se entregaron los primeros subsidios a bibliotecas, hasta el año 2015 inclusive se le ha entregado $ 3.615.660,07.
Durante el año 2016 desde la Secretaria de Cultura de la Provincia, se inicio una serie de acciones tendientes a la modificación de la Ley como así también a generar el proyecto de Ley sobre Protección Patrimonial de las bibliotecas populares. Hoy contamos con media sanción de la H.C. de Diputados y todo gracias al apoyo y aporte de las bibliotecas populares de todo el territorio de la Provincia. Quienes a través de distintas reuniones de debate fueron brindando sus experiencias y sugerencias para esto se lograra. Todo ello en pos de seguir beneficiando y colaborando con dichas instituciones que con los cambio de los tiempos demandan mayor exigencias para brindarles a sus comunidades mejores servicios.